El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Gustavo Giménez Uriburu y Andrés Basso, resolvió por unanimidad endurecer las condiciones de la prisión domiciliaria impuesta a Cristina Fernández de Kirchner. La medida se tomó después de que la expresidenta recibiera a un grupo de nueve economistas en su departamento, un encuentro que fue interpretado por el tribunal como una "provocación" debido a que los permisos habían sido gestionados de manera individual, omitiendo el carácter simultáneo de la visita grupal.

El nuevo esquema de control establece restricciones claras en dos puntos principales: el límite de personas por encuentro y la frecuencia semanal. Se definió un máximo de tres o cuatro visitantes por vez y una frecuencia limitada de una a dos visitas por semana. Estas pautas se agregan a las condiciones preexistentes que obligaban a tramitar y justificar ante el juez Gorini cada pedido de visita que no correspondiera al núcleo familiar, abogados, médicos o custodios previamente autorizados.

La decisión del TOF 2 se enmarca en las tensiones que surgieron desde que la expresidenta comenzó a cumplir su condena en su departamento de San José 1111. Desde el inicio, el tribunal había exigido una lista detallada de personas exceptuadas de la autorización judicial, pero para el resto de las visitas, incluidas personalidades políticas como Lula Da Silva o el músico Silvio Rodríguez, siempre se requirió un permiso individual. La difusión de la fotografía de la reunión con los economistas por el Día del Militante fue el detonante que llevó al tribunal a revisar el esquema vigente para evitar futuros "vacíos" en la aplicación de las reglas.

El endurecimiento de las condiciones generó reacciones en el entorno de la exmandataria. Anteriormente, los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ya habían apelado la limitación de visitas impuesta por el TOF 2, argumentando que violaba sus derechos civiles y políticos, y que la regla de conducta carecía de fundamento normativo. No obstante, en esta nueva resolución, el tribunal emitió un "percibimiento por incumplimiento", una advertencia formal ante cualquier violación al esquema estricto, dejando claro que el incumplimiento de estas pautas tendrá consecuencias judiciales.

Este régimen de visitas más estricto busca equilibrar el derecho a la defensa y al contacto familiar con las obligaciones inherentes a una prisión domiciliaria. La postura del TOF 2, ratificada por sus tres miembros, refuerza la intención de ejercer un control más preciso sobre la vida de la condenada, obligándola a acatar las pautas de restricción que, según fuentes de Comodoro Py, buscan evitar que su domicilio se convierta en una suerte de búnker político con acceso irrestricto y sin la debida autorización.

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