La Cámara Federal de Apelaciones rechazó su recurso, manteniéndolo imputado como organizador de una asociación ilícita que defraudó al Estado.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ha asestado un nuevo golpe judicial al intendente de Taco Pozo, Carlos "Chivo" Ibáñez, al confirmar su procesamiento en la resonante causa de las "pensiones truchas". 

La decisión de la Cámara ratifica la imputación contra el jefe comunal por defraudación en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, lo más grave, como organizador de una asociación ilícita. 

Esta resolución desestima el recurso de apelación presentado por la defensa de Ibáñez, que buscaba la nulidad de la imputación, argumentando supuestas violaciones a los principios de debido proceso y defensa en juicio, así como la imprecisión del objeto de acusación.

La Justicia fue categórica al rechazar los planteos de la abogada del intendente. La Cámara explicó que los actos procesales cuestionados, incluyendo las declaraciones indagatorias, se encuentran debidamente registrados en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100, lo que certifica el cumplimiento de los presupuestos formales.

 Además, se convalidaron las declaraciones indagatorias a Ibáñez, remarcando que en ellas se le informó claramente el hecho denunciado que originó la investigación. 

Esta ratificación del procesamiento consolida la posición de la jueza de Formosa, María Belén Macé, quien en abril de este año había dispuesto el procesamiento de Ibáñez, aunque sin prisión preventiva.

La investigación de este entramado de corrupción se inició en 2023, cuando la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, tras un cruce de datos con la Administración Nacional de la Discapacidad (ANDIS), detectó una serie de irregularidades flagrantes en la entrega de pensiones por invalidez en Taco Pozo. 

Las pesquisas revelaron una presunta operación ilegal donde se reclutaba a individuos a quienes, a cambio de una suma de dinero, se les tramitaban y obtenían Pensiones No Contributivas (PNC) de manera fraudulenta.

 El Ministerio Público Fiscal sostiene que estos beneficiarios figuraban en una lista manejada directamente por la Municipalidad de Taco Pozo y, a cambio de la pensión, debían ofrecer apoyo político a la gestión del intendente Ibáñez, quien acumula más de dos décadas en el poder. 

La confirmación de este procesamiento marca un avance significativo en una causa que busca esclarecer una de las mayores defraudaciones al Estado en la provincia del Chaco, con el intendente Ibáñez señalado como el cerebro detrás de esta red ilícita.