Me dirijo al director del Diario Digital www.diariosophie.com para expresar mi profunda preocupación y desilusión ante los recientes acontecimientos que sacuden a nuestro Concejo Deliberante. 

La nota sobre la concejala Estela Enrique no hace más que confirmar lo que muchos ciudadanos ya sospechamos: existe una alarmante falta de transparencia y una arraigada cultura de impunidad entre todos nuestros representantes.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI tengamos que seguir exigiendo a nuestros intendentes y demás funcionarios que, como mínimo, comuniquen a la sociedad en qué se gasta el dinero de la coparticipación. 

Este no debería ser un acto de bondad o una excepción, sino una obligación inherente a su función. 

Cuando nuestros funcionarios se niegan a rendir cuentas, o lo hacen de forma evasiva y poco clara, la conclusión es inevitable: buscan ocultar algo. 

Esa falta de transparencia no solo siembra dudas, sino que alimenta la sospecha de que detrás de esas puertas cerradas se esconden manejos turbios, intereses personales y, lamentablemente, actos de corrupción.

 Es hora de que se entienda que el dinero público es de la gente, y cada centavo debe ser justificado con la más absoluta honestidad.

Observamos con indignación cómo algunos de estos individuos se aferran a viejas prácticas, creyéndose intocables y por encima de cualquier escrutinio. 

La actitud denunciada del concejal Gustavo Risso Patrón, con sus intentos de imponer temas fuera del reglamento y su supuesta conducta de hostigamiento, no es un hecho aislado. 

Es el reflejo de un sistema donde el poder a veces se ejerce con prepotencia y desprecio por las normas y, peor aún, por el respeto hacia los demás.

 Este tipo de comportamientos no solo es una afrenta a la ética pública, sino que mina la confianza de los ciudadanos en sus propias instituciones.

Lo que sucede en nuestro Concejo Deliberante es una vergüenza. Los concejales Estela Enrique (Partido Justicialista), Nilda Díaz (Juntos por el Cambio) y Gustavo Risso Patrón (Partido Justicialista), junto al intendente Inés Ortega, no están haciendo más que evidenciar la podredumbre de su accionar.

 Son todos delincuentes, y es por su falta de experiencia y la impunidad con la que operan que permiten que estas cosas pasen.

 Proceden mal en cada decisión, haciendo lo que se les antoja sin considerar las consecuencias para el pueblo. 

La situación es aún más grave si consideramos que el Concejo Deliberante se reúne a puertas cerradas todas las veces junto al intendente, lo que solo alimenta la sospecha de que están tramando y ocultando información vital a la comunidad.

 No hay bancada que se salve de esta acusación de corrupción y deshonestidad; es hora de que asuman las consecuencias de sus acciones.

Sin embargo, a pesar de este panorama desolador, quiero dejar en claro que muchos ciudadanos aún creemos firmemente que sí se puede ser un político íntegro y honesto.

 No todos son iguales, y es fundamental que la luz de la verdad ilumine cada rincón oscuro. Poco a poco, debemos avanzar hacia un paradigma donde ser intendente o concejal signifique ser un servidor público, una persona más sujeta a las leyes y al escrutinio popular, y no una figura inalcanzable. Iniciativas como las que se exponen en su diario, donde se visibilizan estos problemas internos y se denuncian los abusos, son absolutamente cruciales.

 Son el motor que nos impulsa a exigir un cambio, a demandar mayor responsabilidad y a luchar por una política verdaderamente cercana a la gente, libre de corrupción y de quienes la ejercen con deshonestidad.

 El pueblo de Fuerte Esperanza merece representantes que actúen con la moralidad y la transparencia que sus cargos exigen.