El máximo tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de queja presentado por Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, presidente y representante legal de Correo Argentino S.A. respectivamente. Ambos imputados en la causa que tramita el juez federal Ariel Lijo desde 2017, habían solicitado el apartamiento de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando "temor de parcialidad".

La defensa de los directivos, cuya empresa es controlada por SOCMA (la firma de la familia Macri), argumentó que los jueces Farah y Boico poseían una "enemistad manifiesta" hacia Mauricio Macri, lo que, según ellos, extendía a sus representados. Cuestionaron la imparcialidad de Farah debido a denuncias previas sobre supuestas presiones del gobierno macrista para removerlo de la Cámara Federal, mientras que señalaron que Boico había sido defensor de funcionarios kirchneristas, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner, antes de asumir como juez. La defensa insistió en que la causa tiene un "claro contenido político" y busca "poner de rodillas" al exjefe de Estado.

Tanto la Cámara Federal como la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo unipersonal del juez Javier Carbajo, habían ratificado el rechazo a la recusación. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia avaló estas decisiones, al considerar que el planteo de la defensa no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, dejando firme la continuidad de los camaristas en el expediente.

En la causa están imputados, además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Todos son investigados por el acuerdo alcanzado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y Correo Argentino S.A. Este pacto, que buscaba superar la convocatoria de acreedores mediante una cancelación de deuda que implicaba la condonación del 98,87% de lo adeudado, fue calificado por la fiscal Gabriela Boquin como "ruinoso" y "abusivo", logrando así frenar su homologación judicial.

La decisión de la Corte asegura que la investigación sobre las presuntas irregularidades en este acuerdo continúe su curso, manteniendo la presión judicial sobre los implicados y el Grupo Macri.